El nuevo Plan Vivienda, que entrará en
vigor en 2018, tendrá líneas de ayudas específicas para jóvenes de menos de 35
años, mayores de 65 y personas que se vean afectadas por desahucios, siempre
que, en todos los casos, tengan unos ingresos anuales inferiores a tres veces
el IPREM, es decir 19.170,39 euros anuales si se perciben 12 pagas o 22.365,42
euros al año si se cobran 14 pagas.
Se trata de tres de las principales
novedades del plan, centrado en la vivienda en alquiler, y que tendrá una
vigencia de cuatro años (2018-2021), según informó el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna.
Así, en cuanto a los jóvenes, en virtud
del nuevo plan podrán contar con una ayuda para pagar hasta el 50% del alquiler
de un piso y de hasta el 20% del precio de la vivienda que compren (con un
máximo de 10.800 euros).
Para ello, deberán de tener menos de 35
años y cobrar menos de tres veces el IPREM. La ayuda al alquiler se recibirá
para pisos con rentas de hasta 900 euros al mes, con lo que se aumenta el
margen frente al tope de 600 euros fijado en el anterior plan.
Respecto a las personas afectadas por
desahucio, contarán con hasta 400 euros al mes para pagar un alquiler, siempre
que la renta del piso no supere ese mismo precio. No obstante, en este caso,
los pisos procederán de un banco de residencias que Fomento negocia conformar
con pisos vacíos procedentes de Sareb y las entidades financieras.
Ayudas a la luz y el agua para los
mayores.
De su lado, las personas mayores podrán
contar con ayudas para pagar hasta el
50% del alquiler o bien de hasta 200
euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas
o de comunidad). Para ello, deberán contar con más de 65 años de edad y cobrar
una pensión que tampoco supere tres veces el IPREM. En este caso, el programa
se complementa de ayudas a organismos públicos y empresas privadas para la
construcción de viviendas en alquiler destinadas específicamente para personas
mayores.
Los jóvenes y los mayores podrán contar
con estas ayudas durante un periodo máximo de tres años, que será de dos
anualidades para el caso de afectados por desahucios.
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